La Municipalidad de Asunción arrastra una deuda de unos 193.000 millones de guaraníes (unos 33 millones de dólares), legada por la desastrosa administración de Arnaldo Samaniego, según lo afirmó su sucesor, Mario Ferreiro. La ciudadanía asuncena tiene derecho a saber el origen de cada una de las sumas adeudadas y si las mismas están legalmente justificadas o no. Para ello, la administración actual debe hacer funcionar todos los resortes legales para desmenuzar esa monstruosa deuda y conocer sus motivos, para querellar y enviar a la cárcel a quienes se apartaron de la ley y comprometieron el futuro de Asunción y el bienestar de los asuncenos.
La Municipalidad de Asunción arrastra una deuda de unos 193.000 millones de guaraníes (unos 33 millones de dólares), legada por la desastrosa administración de Arnaldo Samaniego, según lo afirmó su sucesor, Mario Ferreiro. Les debe a tenedores de bonos, a proveedores de insumos y hasta a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, a la que se debió haber transferido lo descontado de los salarios, es decir, se robaron aportes de los funcionarios. La ciudadanía capitalina tiene derecho a saber el origen de cada una de las sumas adeudadas y si las mismas están legalmente...
Se sabe que una parte de las deudas está conformada por dos préstamos salvataje contraídos en julio y en octubre del año pasado, por un valor total de 56.420 millones de guaraníes, para cubrir un “déficit temporal de caja”, es decir, para abonar los salarios de más de diez mil funcionarios y contratados, muchos de ellos operadores políticos incorporados de cara a las elecciones municipales del pasado noviembre. Ambos compromisos, avalados por la Junta Municipal, violaron los arts. 196 y 197 de la Ley Orgánica Municipal (LOM). El primero dispone que los límites del endeudamiento en tal...
En términos generales, si la Municipalidad debe tanto dinero, es porque no se cumplió con las normas de la LOM sobre el régimen de administración financiera municipal, entre las que figura la que prohíbe gastar en servicios personales más del 60% de los ingresos corrientes ejecutados, pero el monto destinado a ese efecto llega hoy al 86%. Está claro que los ediles no ejercieron su obligación de controlar al Ejecutivo municipal, convirtiéndose así en cómplices del descalabro financiero y en corresponsables de las consecuencias judiciales que puedan sobrevenir.
Otra vez más también queda a la vista que la Contraloría General de la República, hasta hace poco a cargo de Óscar Rubén Velázquez y actualmente ejercida por Roy Rodgers, encargada del control externo de la ejecución del presupuesto, de administración de los fondos y del movimiento de los bienes, no actuó con responsabilidad en su gestión o hizo la “vista gorda” en favor de los popes políticos. Por de pronto, se ignoran los resultados de su examen de la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria de los últimos años. Si los hay.
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