Un hombre identificado como Osvaldo Rafael Ávalos Balmori fue detenido durante la tarde del lunes en la compañía Carumbey, distrito de Jesús, Itapúa. El detenido era requerido mediante el Oficio N.º 941, de fecha 11 de agosto de 2026, correspondiente a la causa N.º 2120/2026, denominada “Jhonathan Marcelo Segovia Báez y otros s/ estafa mediante sistemas informáticos y otros”, encabezada por la fiscala Ruth Karina Benítez. Por disposición de la Fiscalía, el detenido quedó recluido en la Comisaría 2ª de Encarnación, mientras continúan las diligencias relacionadas con la investigación.
Un hombre identificado como Osvaldo Rafael Ávalos Balmori fue detenido durante la tarde del lunes en la compañía Carumbey, distrito de Jesús, Itapúa. El procedimiento se realizó en cumplimiento de una orden de detención vinculada a una investigación por una presunta red internacional de ciberestafas y lavado de activos.
La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de Itapúa, aproximadamente a las 18:30. El detenido era requerido mediante el Oficio N.º 941, de fecha 11 de agosto de 2026, correspondiente a la causa N.º 2120/2026, denominada “Jhonathan Marcelo Segovia Báez y otros s/ estafa mediante sistemas informáticos y otros”, encabezada por la fiscala Ruth Karina Benítez.
La investigación está relacionada con la Operación “YIDA Transfronterizo”, desarrollada en agosto por el Ministerio Público y la Policía Nacional para desarticular una presunta organización criminal con conexiones internacionales. Según los investigadores, la estructura habría utilizado redes sociales, anuncios y grupos de WhatsApp para captar víctimas mediante falsas propuestas de trabajo remoto.
El esquema consistía en solicitar transferencias de dinero a cuentas locales bajo la promesa de obtener ganancias por realizar determinadas tareas o calificar productos. Las plataformas mostraban supuestas ganancias y, en algunos casos, permitían retiros iniciales para generar confianza. Posteriormente, cuando las víctimas intentaban retirar sumas mayores, sus fondos eran bloqueados y se les exigía un nuevo pago del 20%, presentado como un supuesto impuesto.
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