DESMANTELAN GRANJA DE CRIPTOMINERÍA POR ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ITAPÚA - TVS

DESMANTELAN GRANJA DE CRIPTOMINERÍA POR ROBO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ITAPÚA - TVS

El miércoles 18 de diciembre, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en colaboración con el Ministerio Público y la Policía Nacional, desmanteló una granja de criptominería que operaba ilegalmente en la localidad de San Solano, en el departamento de Itapúa. Este operativo, enmarcado dentro del Operativo Itapúa 1, tiene como objetivo reducir las pérdidas eléctricas […]

El miércoles 18 de diciembre, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en colaboración con el Ministerio Público y la Policía Nacional, desmanteló una granja de criptominería que operaba ilegalmente en la localidad de San Solano, en el departamento de Itapúa. Este operativo, enmarcado dentro del Operativo Itapúa 1, tiene como objetivo reducir las pérdidas eléctricas y la morosidad en la zona.

El procedimiento comenzó tras una denuncia y un exhaustivo control de los alimentadores de 23.000 voltios que abastecen la región. Técnicos de la ANDE se trasladaron hasta la compañía San Solano, ubicada en el distrito de San Pedro del Paraná, donde detectaron una conexión irregular en el suministro registrado a nombre de Jorge Amado Sanabria, con medidor número 3.999.886 de la marca ISKRA. Se constató que el medidor había sido manipulado, con una derivación que alimentaba ilegalmente una granja de criptominería.

A través de un conductor subterráneo de 4X35 mm², se derivaba energía eléctrica desde las tres fases y el neutro antes del medidor, lo que alimentaba un complejo de procesamiento de criptoactivos. La intervención resultó en la incautación de 25 procesadores de criptoactivos en funcionamiento, junto con equipos de refrigeración y materiales eléctricos relacionados con la sustracción de energía.

El Ministerio Público, encabezado por el Agente Fiscal Rolando Ortega, ordenó la incautación de todos los equipos y la denuncia ante la Comisaría 7ma de San Pedro del Paraná, así como la Unidad Penal de Turno. Según estimaciones de la ANDE, el daño patrimonial causado por esta conexión ilegal asciende a G. 325.500.000. Los responsables deberán resarcir este monto, así como cubrir los gastos operativos y las multas correspondientes.

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