Las fiscalas Nadine Portillo y Josefina Aghemo requirieron la desestimación de la denuncia contra los hijos del ministro José Raúl Torres Kirmser y otros funcionarios judiciales investigados por cobro indebido de honorarios.
En el caso de María José Torres Ferreira, la denuncia refiere que es funcionaria del Poder Judicial con el cargo de asesora, cumpliendo funciones de fiscalizadora en la Dirección del Registro del Automotor, con un salario de G. 9 millones.
La Fiscalía sostiene que la misma poseía flexibilidad de marcación como asesora, y que luego por Acta Nº 2 del 2 de marzo de 2015, el Consejo de Superintendencia de la Corte decidió autorizar la exoneración de marcación de la misma, debido a la naturaleza de sus funciones.
El abogado Andrés Hermosilla, jefe del departamento Administrativo del Registro del Automotor, señaló que se le ha encomendado a María José Torres la función de asesorar aspectos técnicos de infraestructura física, ya que la funcionaria es arquitecta.
En cuanto a Valeria Eliana Torres Espínola es funcionaria del Poder Judicial con el cargo de coordinadora, por el que percibe G. 7.346.745, sin asistir al Juzgado de Paz de San Roque. Habría registrado solamente dos meses de asistencia.
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