El titular de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones de la Cámara Baja, diputado Dany Durand (ANR-Capital), informó que desde España se recibieron informes sobre una denuncia contra Sacyr, la empresa a la que el Gobierno nacional está a punto de adjudicar la APP para modernizar el aeropuerto Silvio Pettirossi pese a numerosos cuestionamientos.
El diputado disidente adelantó que será organizada una mesa de trabajo a los efectos de analizar y evaluar el proceso de licitación pública, vía asociación público Privada (APP), correspondiente a la modernización de aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. A los efectos de dar mayores detalles al respecto, se realizará una reunión hoy, a las 9:00, en las oficinas del bloque asesor, con presencia de representantes del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC), que conduce el proceso.
“Hemos recibido informes de un agente del gobierno de Cataluña (Barcelona, España), con relación a una denuncia que involucra a la firma Sacyr. Queremos conversar al respecto con las autoridades debido a los diversos cuestionamientos que genera esta licitación y ver cuáles son las alternativas ante una situación poco clara y transparente, antes de sacar cualquier tipo de conclusión”, explicó el diputado Durand.
Resulta que tanto el pliego de bases y condiciones como la ley que regula los procesos de contratación vía APP disponen la imposibilidad de presentar ofertas o ser contratistas a las personas que tengan un proceso judicial o trámite por incumplimiento contractual; así también, establece que dichas personas no podrán actuar como miembros de un consorcio oferente o contratista ni ser subcontratistas del oferente o contratista.
En tal sentido, a través de investigaciones periodísticas se comprobó que Sacyr tiene el 67% de las acciones de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, una empresa a la que el gobierno de esa ciudad española le rescindió contrato. Pero ese es solo uno de los antecedentes, pues la compañía también está en litigio por su contrato en Panamá, donde reclama un millonario pago –mucho mayor a lo pactado en el contrato inicial– por supuestas obras adicionales. De igual forma, tiene antecedentes de trámites judiciales en Colombia.
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