Para encontrar las respuestas de por qué no se han venido dando los avances en la política, la economía, la educación y en todo lo relacionado al mejor bienestar de la sociedad, existen dos interrogantes como punto de partida: ¿quiénes son los que gobiernan? y ¿cómo se gobierna? A la primera pregunta, la respuesta está en los que han sido electos por el pueblo mediante el respectivo método eleccionario, lo que da lugar a la legitimidad de origen del poder de los gobernantes.
De las elecciones nacionales como municipales surgen quiénes son los que gobiernan, situación que no sucedía antes de la presente era democrática. Sin embargo, la experiencia enseña sobre este aspecto que los resultados no han sido auspiciosos. Las listas cerradas o sábanas, modelo que subsiste porque los que tienen que modificarlo son los primeros en impedir su reforma, da lugar a la actual crisis de representatividad y calidad en la política.
Las reformas no solo electorales, sino también en política económica y en educación quedan truncadas porque los beneficios percibidos por los que ostentan el poder son tan altos que los costos están diluidos en una ciudadanía que no encuentra representantes en el mismo Congreso. La confianza ciudadana ha sido suplantada por lo que hacen y deshacen los jefes y clanes partidarios. Esta es la razón por la que en el Congreso hay escasa renovación de personas, que como corolario también afecta a la calidad de los representantes.
Por su parte, la segunda interrogante –¿cómo se gobierna?– es la que viene a complementar la primera pregunta, y explica todavía mejor los motivos por los cuales la democracia en nuestro país se muestra con instituciones débiles, costosas e ineficientes, conformada por corruptos y sin apego a los valores de la honestidad e idoneidad para ocupar un cargo. El orden de prelación es primero los privilegios y luego la igualdad ante la ley.
Dada esta malsana prelación, entonces lo que más discurre en el discurso y en la legislación es la sobrevaloración de los privilegios y no sobre la igualdad ante la ley. Autoconcederse a sí mismos prebendas, prerrogativas, fueros y concesiones personales es la regla. De esta manera, la inmunidad establecida para los congresistas en uso de sus atribuciones, se ha pasado a la impunidad parlamentaria, presidencial y judicial, llegando a ministros y secretarios.
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