El Programa Abogacía Pro Bono del Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política de la Universidad Católica ha sido un auxilio fundamental para las personas que no pueden pagar un abogado. A 14 años de su puesta en marcha, su coordinadora Mónica Cáceres repasa el camino recorrido y su aspiración: expandir el servicio a todo el país.
Pro bono deriva de la frase latina “pro bono público”, que se refiere a acciones realizadas por el bien público, de manera voluntaria y gratuita. Uno de los materiales informativos del programa de del Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economía Política (CIDSEP) de la Universidad Católica aclara que no se trata de un favor, sino de la responsabilidad social y ética de los abogados.
Al suscribirse al Compromiso Pro Bono, los profesionales asumen la responsabilidad de prestar los servicios legales con los mismos estándares de calidad y solvencia como si fueran servicios pagados, un mínimo de 20 horas al año.
Conflictos familiares y laborales lideran las solicitudes de asistencia presentadas al Programa Abogacía Pro Bono. En entrevista con Abc, la abogada Mónica Cáceres, coordinadora del programa, recuerda que con la Resolución Nº 21 de fecha 17 de marzo de 2011, mediante la que la Universidad Católica declaró el interés académico y universitario de la propuesta, se dieron los primeros pasos para la promoción y difusión del Trabajo del Pro Bono legal.
A partir de ahí, se han realizado distintas actividades para difundir el modelo de servicio legal gratuito, atendiendo y derivando las solicitudes de atención pro bono, realizando charlas y ejecutando proyectos.
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