Documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan la base legal que justificó la operación militar denominada “Absolute
Documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan la base legal que justificó la operación militar denominada “Absolute Resolve”, que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026.
Según un memorando fechado el 23 de diciembre de 2025 y dirigido al asesor legal del Consejo de Seguridad Nacional, la acción fue definida por el gobierno estadounidense como una captura extraterritorial de carácter forzoso en apoyo a autoridades judiciales, y no como una invasión o un intento de cambio de régimen. El documento —producido por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia— sostiene que Maduro no saldría de Venezuela voluntariamente, que el Estado venezolano no estaba dispuesto ni era capaz de extraditarlo, y que existía un alto riesgo de resistencia armada ante...
El memorando detalla acusaciones de colaboración de Maduro con redes del narcotráfico y grupos armados, señalando supuestos vínculos con organizaciones como el Cartel de los Soles y otras estructuras criminales, lo que habría facilitado el envío de cocaína hacia Estados Unidos. El texto también hace referencia a cargos formales presentados ante tribunales estadounidenses, además de evaluaciones de inteligencia sobre el debilitamiento del Estado de derecho en altos niveles del poder en Venezuela, lo que —a juicio de los analistas estadounidenses— impedía un arresto legal interno.
En el plano legal, el Departamento de Justicia concluyó que el presidente de Estados Unidos tenía autoridad constitucional para ordenar la operación sin la aprobación previa del Congreso, al tratarse de una acción puntual vinculada a la seguridad nacional y a la aplicación de la ley penal. El documento caracteriza la operación como un acto de cumplimiento de la justicia penal, subordinado a criterios de proporcionalidad y soporte militar incidental, y no como un “acto de guerra” que requiriera autorización legislativa.
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