SANTIAGO DE CHILE. Cuando el papa Francisco llegó a Chile hace exactamente cuatro años, no solo encontró un país vaciado de fieles, sino que recibió de frente una ola de denuncias contra la Iglesia católica por abusos sexuales y encubrimiento sistemático de estos actos durante décadas.
“Obispo encubridor no puede ser pastor”, rezaban muchos de los afiches con que Bergoglio fue recibido en las calles chilenas, con muchos menos devotos de los esperados por una institución sacudida ante casos como el del ya fallecido exsacerdote Fernando Karadima, autor de delitos sexuales -denunciados en 2010- cuando ejercía como párroco en El Bosque, una de las zonas más acomodadas del país.
En su último día de visita, ante una pregunta sobre las acusaciones contra del renunciado obispo Juan Barros, Bergoglio exigió "pruebas" a las víctimas -que luego cambió por "evidencias"- y calificó de "calumnias" todas las imputaciones.
Sin embargo, después de que investigadores vaticanos visitaran el país el mismo año en diferentes oportunidades, en mayo de 2018 Bergoglio reconoció una "cultura del abuso y encubrimiento" en Chile, invitó a los denunciantes a Roma y pidió la renuncia a varios obispos chilenos después de citarlos al Vaticano.
Con todo, según relataron a Efe laicos y denunciantes en estos casos, el papel de la Iglesia en el esclarecimiento de la verdad y búsqueda de justicia quedó en meros actos comunicacionales, y hoy la impunidad sigue siendo la regla dentro de una organización que ha perdido gran parte de su influencia en la esfera pública.
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