El exdirector paraguayo de Yacyretá, Enrique Cáceres Rojas, denunció ayer ante la Fiscalía de Delitos Económicos al que fuera su par, el argentino Óscar Thomas, por lesión de confianza contra el patrimonio de la entidad. El denunciante, quien está procesado por el supuesto pago irregular de indemnizaciones, afirma que el extitular argentino avaló todas sus decisiones.
En su denuncia, Cáceres Rojas aclara que simplemente busca justicia, equidad e igualdad, como derecho básico que le asiste, puesto que llamativa y sugestivamente el fiscal René Fernández, quien lleva adelante la causa en su contra, en todo momento pretendió excluir a Óscar Thomas de la presunta responsabilidad penal en el caso que investiga.
“Jurídicamente a nadie escapa que en caso de existir responsabilidad de uno de los directores, no puede desconocerse la responsabilidad del otro” (Óscar Thomas), quien al ostentar el rango de director Ejecutivo posee un mayor grado de poder de decisión, razón por la cual su exclusión del proceso es arbitrario e ilegal y responde a otros fines que nada tienen que ver con la objetividad que debe regir el proceso penal, explicó Cáceres al ser consultado sobre el punto. Añadió que siendo Thomas el director Ejecutivo de la EBY, “ello lo posiciona como el máximo responsable de los hechos...
Como es sabido, el Comité Ejecutivo de la EBY está constituido por dos directores, uno argentino y otro paraguayo, según lo establece el Art. 10º del Tratado y en este contexto Óscar Thomas ejercía la principal función decisoria en la institución, por lo que llama la atención que el fiscal Fernández haya evadido procesarlo, cuando que en la causa queda claramente demostrada su participación activa en el momento de otorgar o no los pagos estipulados a favor de terceros en referencia a las obras y demás actividades de la binacional, enfatizó.
La causa fue abierta a raíz de denuncias presentadas en su momento por el exdirector Juan Alberto Schmalko en representación de la EBY por supuestas irregularidades administrativas relacionadas con el reconocimiento de indemnizaciones, por pérdida definitiva de actividad económica de comerciantes de Encarnación.
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