Funcionarios de la Dirección de Contraloría Administrativa del Ministerio de la Defensa Pública denuncian haber sido víctimas de represalias y una «cacería de brujas», tras iniciar una investigación contra la directora jurídica de la institución, Silvia Bogado Armoa, cercana a la esposa del ministro Javier de Jesús Esquivel. Poco después, y sin justificación procedimental clara, el ministro Esquivel ordenó la intervención de la Dirección de Contraloría. Fuentes internas también cuestionan la gestión del ministro Esquivel, quien habría designado en cargos claves a personas con escasa preparación técnica, algunas supuestamente vinculadas a amistades personales y familiares de su entorno. Desde la intervención, la Contraloría dejó de operar con normalidad, lo cual, según los denunciantes, deja a la institución sin un control interno eficaz.
Funcionarios de la Dirección de Contraloría Administrativa del Ministerio de la Defensa Pública denuncian haber sido víctimas de represalias y una «cacería de brujas», tras iniciar una investigación contra la directora jurídica de la institución, Silvia Bogado Armoa, cercana a la esposa del ministro Javier de Jesús Esquivel.
Según testimonios recogidos, el conflicto comenzó cuando la jefa del Departamento de Investigación Preliminar —funcionaria de carrera con años de experiencia en la institución— recibió una denuncia anónima contra Bogado Armoa, señalando que esta participaba activamente en un estudio jurídico privado, lo cual está expresamente prohibido por la normativa que rige a los funcionarios del Ministerio.
La denuncia fue tratada conforme a los procedimientos establecidos. La implicada, Silvia Bogado Armoa, habría admitido por escrito tener participación en el estudio jurídico, el cual incluso contaba con publicidad en redes sociales, televisión e incluso en medios radiales. A partir de esta admisión, se le solicitó más información para esclarecer el tipo de vínculo que mantenía con el estudio.
Poco después, y sin justificación procedimental clara, el ministro Esquivel ordenó la intervención de la Dirección de Contraloría. Esta acción, sin precedentes en la historia del Ministerio, no contó con un manual de procedimiento ni una fundamentación sólida, lo que generó preocupación por la legalidad y transparencia del acto.
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