Concejales municipales del distrito de Santiago, departamento de Misiones, denuncian que cuatro meses después de haber sido presentada una denuncia fiscal contra el intendente local, Ignacio Diosnel Larré (PLRA, llanista), tanto la Fiscalía como la Contraloría hacen caso omiso a los documentos y a las movilizaciones ciudadanas.
Hace unos días los ediles, encabezados por el colorado Melchor Medina, incluso acercaron más pruebas al expediente en la Fiscalía, pero la fiscala Sandra Quiñónez sigue sin designar a un agente para la investigación. Al contralor Camilo Benítez urgieron que mande realizar una auditoría a la municipalidad, incluso desde el 2016.
El ejecutivo municipal fue denunciado por estafa, lesión de confianza y producción y uso de documento no auténtico. Puntualmente es responsabilizado por la clonación de facturas, por malversar el fondo educativo blindado del Fonacide en gastos rígidos (salarios); por la sobrefacturación de obras y por supuestas irregularidades en numerosas licitaciones.
Concejales opositores indicaron que el balance del 2019 de Larré fue rechazado, sin embargo, tras el veto del intendente, no pudieron volver a reunir los votos necesarios para ratificar la postura. Paralelamente Larré ofreció abrir la Intendencia a una auditoría de la Contraloría General de la República para así frenar las protestas.
En diálogos anteriores, el intendente manifestó su predisposición y apertura a una eventual investigación porque dice no tener nada que ocultar.
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