Cabe señalar que una auditoría de desempeño permite obtener evidencias válidas, suficientes, competentes y pertinentes a los efectos de evaluar la gestión de los programas sociales ejecutados por el gobierno departamental, en términos de economía, eficiencia y eficacia, y determinar las causas o prácticas que imposibiliten el cumplimiento de objetivos y metas. El principal hallazgo sobre la administración de Ríos, son las irregularidades en las millonarias transferencias de dinero para organizaciones sin fines de lucro, como también a comisiones, sin respaldo documental pertinente. El informe señala igualmente que se realizaron transferencias de montos muy significativos a proyectos no prioritarios, como la transferencia de G.
Atendiendo los resultados del trabajo desarrollado por el Equipo Auditor, la CGR, bajo el mando del Contralor General, Camilo Benítez, presentó ante la Fiscalía General de la República ayer dos denuncias por indicios de hechos punibles al patrimonio.
Uno de los documentos señala que el supuesto perjuicio patrimonial asciende a la suma de G. 3.401.532.585, derivado de la revisión documental, in situ y entrevistas a las comisiones sin fines de lucro que recibieron transferencias y ante la evidencia que los cheques emitidos no fueron cobrados por los representantes de las mismas.
La segunda denuncia es por un monto de G. 4.963.676.330, resultado que derivó de varias irregularidades constatadas, como ser el uso de combustible sin documentos respaldatorios, entre otros.
Esto hace un total de G. 8.365.208.915 de posible daño patrimonial, sumando las dos denuncias, que ya quedan a cargo de la Fiscalía para una investigación.
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