Finalmente, será la Fiscalía General del Estado la que decidirá si será la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción o la unidad a cargo del fiscal Ángel Ramírez la encargada de llevar adelante el proceso penal a los miembros del directorio nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), denunciados por una supuesta “tragada” de unos G. 10.000 millones.
El fiscal Ramírez realizó el pedido al fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón, el viernes pasado.
Hace unos meses, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos remitió la denuncia a la unidad de Ramírez, con la excusa de que el Cuerpo de Bomberos es una institución privada.
Sin embargo, Ramírez sostiene que a pesar de que el CBVP es una institución privada, la denuncia refiere sobre malversación de fondos públicos, más específicamente sobre el dinero que recibió del presupuesto nacional de gastos en los periodos 2014 y 2015.
La supuesta “tragada” se le atribuye al presidente del CVBP, Rafael de la Cruz Valdez; al secretario Luciano Ramón Florenciáñez Brizuela; el 3er. comandante nacional, Daniel Aquino Rivas; el 2º comandante nacional, Elías José Ramírez; el síndico del periodo 2014, Julio Arnaldo Maíz y Ramón Grange, síndico en el 2015.
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