Los ex presidentes del Club Internacional de Tenis (CIT), Emilio Achucarro, Rubén Ovelar, José Vinader y Juan José Galeano, enviaron una nota al Consejo de Administración en la que expresan su “profunda preocupación” por las demandas judiciales que enfrenta la institución, las cuales, advierten, comprometen gravemente su estabilidad financiera y patrimonial, generando un impacto perjudicial cada vez mayor sobre el club. Los ex presidentes también recordaron que el club posee un patrimonio estimado en 50 millones de dólares y genera ingresos anuales de alrededor de 4 millones de dólares, lo que lo convierte en blanco de intentos de despojo que calificaron como “arbitrarios e indebidos, amparados en un supuesto ropaje legal”, con consecuencias cada vez más perjudiciales para su estabilidad.
Los ex presidentes del Club Internacional de Tenis (CIT), Emilio Achucarro, Rubén Ovelar, José Vinader y Juan José Galeano, enviaron una nota al Consejo de Administración en la que expresan su “profunda preocupación” por las demandas judiciales que enfrenta la institución, las cuales, advierten, comprometen gravemente su estabilidad financiera y patrimonial, generando un impacto perjudicial cada vez mayor sobre el club.
En el escrito, dirigido a la presidenta del Consejo, abogada Carolina Molinas, se menciona que el club ha sido objeto de una nueva demanda presentada por el ex dirigente Gustavo Benítez, que se suma a otra acción anterior promovida por el también ex presidente Julio Galeano.
Las dos demandas reclaman en conjunto alrededor de 18.000 millones de guaraníes en concepto de daños y perjuicios. Los ex titulares del CIT sostienen que este tipo de acciones podrían convertirse en un “mecanismo recurrente, perjudicial y sumamente nocivo” que afecta de manera directa al patrimonio y funcionamiento del club.
Por ello, solicitaron formalmente la convocatoria urgente a una asamblea general extraordinaria con el objetivo de exponer de manera transparente la situación judicial y financiera ante la masa societaria, y obtener un mandato soberano para definir cómo proceder frente a estos litigios, que aumentan la vulnerabilidad de la institución.
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