Tras semanas de cajoneos y cuatro postergaciones, el Senado fijó para este jueves el análisis final del proyecto de ley que obligará a la Contraloría publicar las declaraciones juradas de bienes de funcionarios y legisladores. El ente se niega a difundir estos documentos, pese a sentencias judiciales.
En su última sesión, el Senado aprobó en general, pero postergó una semana el estudio en particular del proyecto de ley que busca que las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, incluyendo los de cargos electivos, sean públicas y anuales.
La ley vigente obliga ahora a los funcionarios a hacer su declaración cuando ingresan y cuando dejan el cargo. El nuevo proyecto dispone que se debe actualizar la declaración cada año. Actualmente dichos documentos son resguardados por la Contraloría General de la República (CGR), ente cuyo titular Enrique García se niega a entregar como información pública pese a fallos judiciales.
El proyecto legislativo fue presentado el 20 de julio por el senador Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) e inmediatamente el senador llanista Dionisio Amarilla (PLRA) presentó una propuesta similar y ampliada con el nombre de “ley de datos abiertos”.
Según especulaciones en el ámbito legislativo, la intención de parlamentario liberal era dilatar el estudio del primer proyecto.
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