El Ministerio de la Niñez y la Defensoría del Pueblo intervinieron en el conflicto de 11 vendedoras suspendidas por la administración municipal. Las mismas no podrán trabajar en la playa por un mes y exigen ante la Defensoría ser restituidas en sus puestos y que la administradora sea apartada del cargo.
Defensoría y Ministerio intervienen en disputa entre vendedoras y administración municipal
La suspensión por un mes de 11 vendedoras en la playa municipal de Areguá llevó a la intervención de la Defensoría del Pueblo y la coordinadora regional del Ministerio de la Niñez y Adolescencia del departamento Central. Estos organismos buscan mediar en el conflicto que afecta no solo a las trabajadoras sino también a niños, niñas y personas con discapacidad, cuyas vidas dependen económicamente de vender sus productos en ese lugar.
El conflicto explotó a principios de enero cuando las vendedoras se manifestaron frente a la playa municipal, exigiendo a las autoridades una solución a la problemática de los puestos de venta. Rufina Barrientos, administradora de la playa, alegó que el grupo incumplió el contrato, debiendo ubicarse en sus casillas en la zona de estacionamiento, y las tildó de “personas conflictivas”.
Según las afectadas, el conflicto comenzó cuando realizaron mingas ambientales, buscando mejorar las condiciones de la playa y también espacio de trabajo. La falta de criterio en la imposición de normas provocó enfrentamientos con la administradora, quien exigió que vuelvan a las casillas incómodas y calurosas, según las vendedoras. En consecuencia, se sucedieron peleas y agresiones verbales con otras vendedoras y la administradora, incluso en presencia de turistas.
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