La defensora pública de la ciudad de Lambaré, Claudia Vázquez, expresó su sorpresa ante la denuncia de una atención deficiente, señalando que la víctima fue atendida fuera del horario laboral. Además, mencionó que ya se han planteado acciones ante el juzgado para asistirla en su caso.
Vázquez destacó que su equipo está altamente comprometido con su trabajo, al igual que ella, y que los requisitos solicitados a las personas víctimas de este esquema son los mismos que exige el Ministerio Público.
Aclaró que, aunque se solicitó a la docente jubilada Laura Mercedes Benítez el certificado de vida y residencia, no significaba que ella debía regresar desde Villarrica para este efecto, ya que se le comunicó que su colega en esa zona le acercaría el documento para evitarle molestias.
Comentó que en todo momento se le explicó a la víctima los trámites para iniciar el proceso de levantamiento de los embargos y que ellos se encargarían de todo, siendo necesario documentar absolutamente todo para evitar contratiempos a la hora de litigar.
Lamentó que desde la Comisión Antimafia de Pagarés del Senado no se explique a las víctimas que el levantamiento de los embargos no se logra de inmediato. Indicó que se debe hacer la presentación con todos los documentos requeridos, como la copia de cédula de la víctima, de sus testigos, del origen del expediente y qué comercial o negocio es el reclamante, así como el certificado de vida y residencia (por exigencia del Ministerio Público).
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