El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, hizo una denuncia ante la Fiscalía por presuntos faltantes en la institución entre los años 2020-2021. Además, encontraron facturas falsas. Luego de hacerse una consultoría técnica a la Defensoría del Pueblo por los periodos mencionados, se constataron varias irregularidades, entre ellas, una disminución patrimonial, el uso de facturas falsas, emisión de varios recibos legales por las mismas reparaciones de vehículos en un solo día y cargas de combustibles a automotores no autorizados por la institución.
Otra de las anomalías que encontraron fue que, supuestamente, se adquirieron insumos para una presunta librería fantasma en la ciudad de Ypacaraí, cuyo local hasta ahora no se pudo encontrar. MÁS DESVÍOS. En el 2020 se hicieron pagos adelantados a proveedores de valor de G. 450.000, pero estos no fueron consignados en el balance financiero de la Defensoría del Pueblo. Al término de ese año, la disminución patrimonial es de G. 3.045 millones. Posteriormente, en el 2021, también se emitieron pagos a proveedores, pero de manera fraccionada, por la suma de casi G. 139.500.000, pero denunciaron...
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