El defensor público Martín Muñoz, quien representa a Carlos Gamarra, uno de los acusados en el caso Imedic, presentó sus incidentes de inclusión y exclusión probatoria en beneficio de su representado.
Además, negó la existencia del hecho punible de contrabando y solicitó que se admita como prueba documental el AS 355 del Tribunal de Cuentas, que revoca la decisión de la Dirección de Aduana que había calificado la infracción administrativa como contrabando.
Muñoz también presentó un incidente de prejudicialidad debido a que la decisión favorable a su representado aún no está firme, ya que está impugnada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El defensor público cuestionó que su cliente no haya sido escuchado por el tipo penal de asociación criminal, ya que en principio solo lo habían indagado como cómplice de contrabando, dejándolo en estado de indefensión. Además, cuestionó el monto del perjuicio patrimonial presentado por el Ministerio Público en la causa.
En este proceso penal, se encuentran acusados Justo y Patricia Ferreira, propietarios de la firma Imedic, y también funcionarios de Aduanas, quienes según la acusación fiscal, fueron cómplices del Clan Ferreira.
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