En la cultura de la corrupción en la que se desenvuelven muchas universidades al ofrecer carreras que no cumplen los requisitos, la estafa a los estudiantes sigue siendo una realidad. Se les cobra una cuota, cursan las asignaturas y, a la hora de egresar, no pueden acceder a los títulos porque las instituciones no han cumplido con las normas establecidas. Esa situación tiene que ser erradicada drásticamente. Las medidas que toma el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) son lentas y conservadoras. De no acelerarse el proceso de depuración de los desbordes cometidos con la complicidad de parlamentarios irresponsables, todavía durante un lapso prolongado los alumnos serán engañados por mercaderes de la educación.
Algunos parlamentarios han sido los grandes responsables de los desbordes inmisericordes del sector. Aliados con empresarios ávidos de ganar dinero, aprobaron universidades de garaje que ofrecen carreras que se cursan solo los sábados, con profesores improvisados, programas que no pasaron por un control especializado y otras irregularidades.
Cuando la podredumbre había ido ya demasiado lejos, fue aprobada la nueva ley que rige la vida de los institutos y universidades. En ella, al Cones se le asigna la ardua labor de poner la casa en orden, enderezar lo torcido y encauzar por el carril debido lo desviado.
Por eso, en uso de sus atribuciones, luego de casi un año de intervención, acaba de clausurar 9 sedes y varias carreras de la Universidad Privada del Guairá (UPG) por no reunir las exigencias legales para su funcionamiento. También cerró parcialmente 19 de sus locales por la misma razón.
Si bien hay que reconocer que el Cones se esfuerza por cumplir el rol que le asigna la ley, es necesario también apuntar que su labor se desarrolla con demasiada lentitud. A esta altura, más universidades deberían haber sido intervenidas. Ese ritmo de acción casi intrascendente se debe a que carece de recursos económicos –los cuales no les son proveídos ex profeso por el Congreso para proteger a los estafadores de estudiantes– y el suficiente coraje como para desarticular la red de corrupción que, en la mayoría de los casos, sigue contando con el blindaje de políticos.
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