Los afectados continúan recibiendo mensajes de empresas con amenazas de más embargos, según los primeros informes que expuso la Comisión Especial del Senado que investiga el caso.
La Comisión de Investigación de la mafia de los pagarés del Congreso dio a conocer los resultados preliminares del registro de víctimas, en donde ponen en evidencia preocupantes cifras de cómo estas personas están siendo perjudicadas por un esquema perverso y corrupto. Sobre la base de unas 2.000 víctimas que se inscribieron al Registro, el 92% alegaron que nunca recibieron notificación alguna de los juicios en su contra, y que el 77% actualmente siguen sufriendo embargos mensuales.
También señala que del total de víctimas, el 79% son funcionarios públicos, mientras que el 6,1% son jubiladas y el 9,3% son empleados privados. De ese 79% que es empleado público, el 40% de las víctimas son del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es decir, que en su mayoría son docentes, mientras que alrededor del 15% es funcionario del Ministerio de Salud. También se destaca que del total de víctimas, el 68% son mujeres, y el 32% son hombres.
De las 2.000 víctimas, el 10% están por demandas iniciadas por la empresa Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa SA), mientras que el resto por otras firmas; como Nexo, 7%; Vanessa SA, 5%, Cobranzas y Pagos SA, en el 4% de los casos.
MODUS OPERANDI. Si bien los datos hablan sobre 2.000 víctimas ya inscriptas, existen otros 1.000 casos más que están pendientes de ingresar al registro y que están en procesos de documentación.
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