Un grupo de abogados protestó ayer frente a la sede del Ministerio Público en Ciudad del Este en contra de las actuaciones de fiscales que consideran arbitrarias. Criticaron que se haya “desempolvado” una ley de 1955 para ordenar la prisión de un concejal y dos legalistas por pintar grafitis.
CIUDAD DEL ESTE (Mariana Ladaga, de nuestra redacción regional). El dirigente del Colegio de Abogados de Ciudad del Este, Antero Prieto, explicó que lo que viene ocurriendo con los abogados Jorge Brítez y Paraguayo Cubas, así como con el concejal municipal Celso Miranda (independiente tiene una arista política, otras gremial y legal. Afirmó que las organizaciones de abogados no tienen relación con la arista política, basada en las denuncias de hechos de corrupción realizadas por el edil y los mencionados letrados en contra del político colorado Javier Zacarías Irún, su esposa la intendenta...
Prieto señaló que para el gremio es preocupante que desde el jueves pasado, cuando se pintaran los grafities, un grupo importante de policías se haya instalado en las puertas de la Fiscalía exigiendo a los abogados la exhibición de matrícula y cédula de identidad para ingresar a trabajar.
También les concierne el área legal de la cuestión, ya que debido a la “pintata” la fiscala Analía Rodríguez ordenó la detención de los autores: Celso Miranda, Paraguayo Cubas y Jorge Brítez por los presuntos hechos de coacción, daños a cosas de interés común y por supuesta violación de la Ley 323/55 “De garantía de fueros”, que ya fue derogada. Recordó que el sábado, oponiéndose a declarar con la cantidad de defensores impuesta por la jueza Alba Meza, Brítez fue obligado por policías a comparecer.
El dirigente del Colegio de Abogados resaltó que el lunes último, cuando la Policía Nacional desalojó de la sala de espera de la Gobernación del Alto Paraná a los concejales Celso Miranda, Miguel Martínez (PLRA), Jorge Brítez y Paraguayo Cubas, los uniformados actuaron sin orden judicial alguna.
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