Contrariamente al compromiso que había asumido, reflotó las antiguas prácticas de someter las instituciones públicas a los intereses del partido de gobierno y de sectores particulares, socavando la débil institucionalidad del Estado y relegando a los segmentos más vulnerables a vivir en la pobreza. El aumento de la cobertura de los programas de transferencias monetarias condicionadas y de pensión de adultos mayores evitó que creciera la pobreza extrema, pero las políticas sociales de salud y educación son ineficientes e insuficientes para reducir la pobreza, cuyo nivel sigue siendo elevado. Los daños intergeneracionales de la pobreza son irreversibles y se convertirán en un alto costo social y económico para la sociedad. A la administración Cartes le queda menos de un año de gobierno, con elecciones primarias y generales que demandarán cinco meses de intenso proselitismo, pero nunca es tarde para poner límites y racionalidad desde la cumbre del poder.
* Crédito columna: Dionisio Borda, ex ministro de Hacienda. Fundador y director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP).
Las promesas iniciales de la administración Cartes (2013-2018) sobre el fortalecimiento de las instituciones del Estado, de despartidización de la función pública y de la lucha frontal contra la pobreza, pronto perdieron fuerza.
Contrariamente al compromiso que había asumido, reflotó las antiguas prácticas de someter las instituciones públicas a los intereses del partido de gobierno y de sectores particulares, socavando la débil institucionalidad del Estado y relegando a los segmentos más vulnerables a vivir en la pobreza.
No resulta extraño, por eso, que el último informe de Latinobarómetro revele la decepción de la ciudadanía con el gobierno Cartes y exprese la creciente pérdida de confianza en la democracia. Varios desaciertos del gobierno actual dan fundamento a esa percepción.
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