“En todos los países es ilegal que un contribuyente no declare ingresos en cualquier otra parte del mundo”, afirmó a BBC Mundo, Wildo Moya, profesor de Derecho Económico y Comercial de la Universidad Católica de Chile. Y Moya aclaró que “en países como Chile, EE.UU., España y Alemania”, si no se declaran las cuentas o empresas offshore y no se pagan impuestos, es considerado un “delito o infracción que puede terminar en prisión dependiendo de la legislación específica”. Los individuos y las empresas que no tienen su residencia en un paraíso fiscal pueden tomar ventaja de los regímenes de estos países para evitar el pago de impuestos en sus países de origen. Y en ese momento es cuando se convertiría en una operación ilegal, porque los países de residencia van a exigir que sean declaradas las cuentas o empresas offshore que registraron movimientos o ganancias en el extranjero, según explican los expertos. Para la CE, estos territorios son considerados paraísos fiscales, y son: Andorra, Liechtenstein, Guernsey, Mónaco, Islas Mauricio, Liberia, Seychelles, Brunéi, Hong Kong, Maldivas, Islas Cook, Nauru, Niue, Islas Marshall, Vanuatu, Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Granada, Montserrat, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, las Islas Turcas y Caicos, y las Islas Vírgenes de EE.UU. Sin embargo, los países que pueden ser considerados “paraísos fiscales” para la CE, pueden no serlo para todo el mundo, ya que como explicaron los expertos a BBC Mundo, esto depende del intercambio de información tributaria bilateral.
Los medios que revelaron los Panamá Papers hablan de cuentas ocultas en paraísos fiscales, lavado de dinero o evasión de impuestos. Pero las personalidades señaladas en el escándalo insisten en no haber hecho nada malo.
El escándalo tiene alcance mundial: va dese Argentina y México a Ucrania y Rusia, pasa por España y Reino Unido, llega a China y salpica de lleno a Arabia Saudita, entre otros muchos.
Pero Mossack Fonseca, el bufete en el centro de la filtración, dice que en 40 años de existencia nunca ha sido acusado en ningún tribunal.
En los 11 millones de documentos filtrados aparecen mencionados políticos, deportistas y artistas. Y la reacción generalizada ha sido negar la ilegalidad de sus acciones. Sólo ha dimitido el primer ministro de Islandia.
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