El 25 de agosto de 2017 se inició un éxodo masivo y forzoso en el que más de 700.000 rohingyas llegaron a Bangladesh huyendo de la persecución y la violencia que sufrían en Myanmar.
En apenas un mes, al menos 9.000 rohingyas murieron en el Estado de Rakhine, según relevó Médicos Sin Fronteras (MSF) a través de encuestas realizadas en los asentamientos. Se calcula que al menos 6.700 rohingyas fueron asesinados según en las estimaciones más conservadoras. De ellos, al menos 730 eran niños menores de cinco años.
Desde entonces, el campo de refugiados de Kutupalong-Balukhali se convirtió en el más grande del mundo. Allí, cientos de miles de personas viven hacinados y tienen muy poco acceso a agua potable, letrinas y lugares donde asearse. Además, no disponen de oportunidades para acceder a la educación, a un trabajo o a atención médica.
Vista del inmenso campo de Kutupalong-Balukhali, en el sureste del país ©Pablo Tosco/Angular.
Por otro lado, la negación de su estatus legal y la falta de estructuras y servicios que puedan funcionar a medio o largo plazo, continúa atrapando a los refugiados en un ciclo interminable de sufrimiento que afecta a su salud tanto física como mental.
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