La fiscala Laura Ávalos Amarilla, sospechosamente, prestó su acuerdo para que Miguel Antonio Bibolini Barriocanal, acusado por el desmonte de 2.900 hectáreas en Boquerón, Chaco, sea beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento y evitar juicio oral, mediante una donación de G. 50 millones, como “reparación social del daño causado”. La jueza Fany Cáceres, se […]
La fiscala Laura Ávalos Amarilla, sospechosamente, prestó su acuerdo para que Miguel Antonio Bibolini Barriocanal, acusado por el desmonte de 2.900 hectáreas en Boquerón, Chaco, sea beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento y evitar juicio oral, mediante una donación de G. 50 millones, como “reparación social del daño causado”. La jueza Fany Cáceres, se opuso al cuasi blanqueo del acusado que fue planteado por la defensa, con allanamiento de Ávalos. La expectativa de pena para Bibolini Barriocanal es de 3 a 8 años de cárcel y multa de 500 a 2000 mil jornales mínimos. La...
El 9 de abril pasado, se realizó la audiencia preliminar en la que el abogado Marcelo Bogado, planteó el incidente de cambio de calificación con relación al acusado Miguel Antonio Bibolini, cuya conducta, según la acusación de Arriola, se encuadra en el apartado “a” del artículo 4 de la ley 716/96, que castiga el hecho con una pena privativa de libertad de 3 a 8 años y multa. El defensor pidió que la conducta se encuadre dentro del apartado “e” del artículo 5 de la misma norma, que castiga el hecho con pena de 1 a 5 años de cárcel y multa de 500 a 1500 jornales.
La fiscala primeramente se había ratificado en la grave acusación contra Bibolini, pero después, sospechosamente se allanó al cambió de calificación y la propuesta de una donación de G. 50 millones, como “reparación del daño social”.
Considerando que la fiscala, llamativamente, modificó su postura inicial, y atendiendo el daño causado al medio ambiente y a la importancia del bien jurídico protegido, la magistrada consideró que la actuación de Avalos Amarilla debe ser revisada por un superior jerárquico. “Es a fin de analizar y controlar las actuaciones de la agente fiscal interviniente, en su carácter de rector de la política criminal”, resaltó la jueza.
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