Un pedido de ampliación de G. 92.800 millones (alrededor de US$ 17 millones) de su presupuesto para este año, ya solicitó la Corte al Congreso. Alega que falta dinero para comprar papel, tóner, tinta y sellos y unos G. 52.000 millones para construcciones. Sin embargo, prevé repartir G. 124.000 millones en bonificaciones y gratificaciones a más de 14.000 funcionarios.
La Corte alega que el presupuesto para el 2018 sufrió un recorte de G. 345.000 millones en el Congreso, lo que afecta principalmente los gastos de inversión. El proyecto presentado por el alto tribunal fue de G. 1 billón 673.000 millones, pero el Legislativo aprobó solo G. 1 billón 328.000 millones.
De los G. 92.800 millones, G. 86.721.500.000 se financiarán de recursos del tesoro y G. 6.078.500.000 de los recursos propios de la justicia.
Para la máxima instancia judicial “resulta importante mencionar que en el marco de fortalecer, transparentar y modernizar el Poder Judicial, uno de los objetivos estratégicos definido en el Plan Estratégico Institucional (2016-2020) es obtener y gestionar un presupuesto adecuado, para el mejoramiento de la prestación del servicio de justicia para la satisfacción de los usuarios”.
Sin embargo, pese a obtener un mayor presupuesto cada año el servicio que presta la justicia es calificada de pésima por los usuarios, que resaltan la mala atención de los funcionarios, la morosidad judicial y la dilación de los procesos.
Leer la nota completa en Diario ABC
