El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kirmser, dispuso que la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial, audite a la jueza de Ejecución Ana María Llanes, quien benefició con una reclusión domiciliaria a Marcelino Colmán, un poderoso narcotraficante, quien fue condenado a 20 años de cárcel por el tráfico de 390 kilos de cocaína.
La magistrada, alegando que Colmán tiene una enfermedad terminal, ordenó que deje la cárcel de Tacumbú y actualmente está en su residencia del barrio Herrera de Asunción.
Esta medida fue otorgada por Llanes el pasado 15 de noviembre y el narco tiene prohibido salir de su lujosa casa, salvo para ir a consultas médicas o tratamientos. Este permiso especial que le dieron a Marcelino Colmán es por 120 días y se cumple el 15 de marzo próximo, luego debe volver a la cárcel.
Debido a la forma sospechosa en que se tramitó el permiso es que ahora la Corte dispuso que esa causa sea auditada.
Para saber cuáles fueron los mecanismos de cómo se dio el permiso al reo, periodistas de ABC Color pidieron tres veces audiencia con la jueza Ana María Llanes, a través de la secretaría del juzgado, en donde dijeron que estaba muy ocupada.
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