La Justicia cubre los estudios, siempre y cuando los accionantes sean de escasos recursos.
“Con el fin de constatar la falta de medios económicos de los involucrados, el juzgado envía el formulario de realización del examen a la Corte, luego de obtener dictamen favorable de la Fiscalía y la Defensoría de Pobres y Ausentes de la Niñez se otorga el beneficio. Tras superar el proceso administrativo, se comunica al juzgado solicitante la aprobación de la realización de dicha prueba”, señala.
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