La Sala Penal declaró inadmisible el recurso de apelación general presentado por Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz, hermano del supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Con esta decisión, se destraba finalmente el avance del proceso judicial en el caso Berilo, y queda habilitada la posibilidad de convocar, por décima tercera vez, a la audiencia preliminar de […]
La Sala Penal declaró inadmisible el recurso de apelación general presentado por Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz, hermano del supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Con esta decisión, se destraba finalmente el avance del proceso judicial en el caso Berilo, y queda habilitada la posibilidad de convocar, por décima tercera vez, a la audiencia preliminar de los más de 20 acusados, entre ellos el exdiputado colorado Ulises Quintana.
El recurso había sido interpuesto contra el Auto Interlocutorio N.° 140 del 23 de mayo de 2025, mediante el cual el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, rechazó la recusación planteada por Marcelo Cabaña contra el juez penal de Garantías Miguel Ángel Palacios. El magistrado había sido cuestionado por supuesta parcialidad, motivo por el cual la audiencia preliminar anterior, la número doce, fue suspendida el 22 de mayo pasado.
La Sala integrada por los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, resolvió por unanimidad que el recurso no cumplía con los requisitos de admisibilidad. Argumentaron que la competencia de la Corte está limitada, conforme al artículo 39 inciso 3 del Código Procesal Penal, a conocer recusaciones únicamente contra miembros de tribunales de apelación, y no contra jueces de primera instancia, como en este caso.
El ministro Jiménez Rolón fue claro al señalar que permitir este tipo de impugnaciones podría dar lugar a un uso abusivo de los recursos judiciales, con el propósito de dilatar innecesariamente el proceso. “Los derechos procesales deben ejercerse con buena fe”, subrayó, advirtiendo que recurrencias reiteradas y sin fundamento podrían dar lugar incluso a sanciones por parte del juez interviniente.
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