“La convocatoria de acreedores es un procedimiento preventivo justamente para evitar un mal mayor que sería la quiebra”, enfatiza el abogado Edward Arca al analizar la delicada situación que atraviesan las empresas constructoras, golpeadas por la falta de pagos del Estado. La reacción es ante la deuda acumulada del Estado que ronda los US$ 360 millones y comienza a repercutir en problemas de liquidez, default y riesgo concreto de desaparición de compañías.
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