El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, aseguró en Abc TV que el presidente Santiago Peña no
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, aseguró en Abc TV que el presidente Santiago Peña no incurrió en conflicto de intereses, tal como se empeña en afirmar el grupo Zuccolillo, puesto que tenía menos del 10% de las acciones de las empresas con las que se lo vincula.
De acuerdo con Torres, la Ley Nº 7.089, de Conflicto de Interés, establece que el funcionario público tiene prohibido ser proveedor, directa o indirectamente, del Estado, y además establece como requisito tener el 10% del capital total. Agregó que la ley fue modificada parcialmente por la Ley Nº 7.236, con la cual se eliminó la figura del vínculo familiar como un conflicto de interés dentro de la función pública.
“El presidente no tiene igual o mayor al 10% de las empresas (posee el 1,58%), ni siquiera su hermano, que tiene solo el 0,3%, entonces no incurren en un conflicto de interés”, dejó en claro.
Tanto la Ley Nº 7.089 como su modificatoria la Ley Nº 7.236 refieren que se considera que un funcionario es proveedor por terceros, cuando el proveedor es una organización o sociedad comercial en la que el funcionario es el beneficiario final. Y ambas normativas establecen que deben reunirse ciertas condiciones, las cuales están expresamente establecidas en la Ley Nº 6.446.
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