De acuerdo a los lineamientos internacionales, hemos de graficar todo lo que se representa en materia de negociaciones y de actividades diversas concernientes a los funcionarios públicos; pues bien, la referencia inmediata la encontramos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dimensiona la gravedad y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades financieras, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero.
Ciertamente, la movilización técnica/legislativa viene siendo una acumulación de valoraciones de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción, como el convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios, o el convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 1997, y/o el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, aprobado por el...
En tanto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha ocupado la idea central en la promoción y el fortalecimiento de todas las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y la promoción a la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.
Dicho lo anterior, surge la esencia dogmática de la calidad especial del agente, que posibilita el injusto, reconociendo la Convención por “funcionario público” a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; como también, la declaración de una persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho...
Ahora bien, a los efectos de la aplicación de medidas (estrictas) se debe precisar por “funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno, y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico vigente. Es así que la referencia dispositiva busca describir el alcance del sector público, pues bien, se precisa instalar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer...
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