CIUDAD DEL ESTE. El Colegio de Abogados del Alto Paraná denunció que fiscales, funcionarios del Ministerio Público, policías y agentes de la Patrulla Caminera están aplicando el mismo sistema de extorsión utilizado con el alcotest, para extorsionar y lucrar con ciudadanos que violan la cuarentena. “Cobran 2 millones de guaraníes para devolver los vehículos incautados …
CIUDAD DEL ESTE. El Colegio de Abogados del Alto Paraná denunció que fiscales, funcionarios del Ministerio Público, policías y agentes de la Patrulla Caminera están aplicando el mismo sistema de extorsión utilizado con el alcotest, para extorsionar y lucrar con ciudadanos que violan la cuarentena. “Cobran 2 millones de guaraníes para devolver los vehículos incautados y 4 millones para arreglar la imputación”, denunció el presidente del gremio, Mauro Barreto. El letrado acusó principalmente al fiscal Edgar Torales, quien esta mañana negó las acusaciones y aseguró que Barreto realiza las...
“El creador de esta extorsión se llama Edgar Modesto Torales”, refiere la publicación del CAAP en su cuenta de Facebook. En diálogo con radio La Clave, el Abog. Mauro Barreto admitió que fue él quien escribió, pero aseguró que contó con la aprobación de “casi todos los 12 miembros de la agremiación. Excepto dos, los abogados Antero Prieto y Nidia de Prieto, quienes son amigos y padrinos de boda del fiscal Torales”.
Barreto asegura que existen entre 20 a 30 denuncias concretas sobre la extorsión. Mencionó que como gremio están recabando todos los datos de los afectados para exponer ante los medios de comunicación, como prueba de la veracidad de las acusaciones. Esto teniendo en cuenta que el fiscal Torales, en conferencia de prensa esta mañana, negó las acusaciones que calificó como “sin fundamentos”. Citó a sus padrinos, Antero y Nidia, miembros del Colegio, como dos de los que se opusieron a las denuncias “irresponsables”.
“La policía arma barrera en su jurisdicción y extorsiona a los conductores con la incautación de sus vehículos, pago de multa, detención y cárcel y solicitan desde 500.000 guaraníes. Los abogados no son requeridos para estos casos porque les dicen que no hace falta y que van a gastar menos”, según la denuncia del CAAP.
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