La Contraloría General de la República no remite la correspondencia de bienes del senador Dionisio Amarilla, había dicho la fiscala general, Sandra Quiñónez. Sin embargo, ayer, el contralor general Enrique García aseguró que hasta la fecha no recibieron pedido alguno al respecto. “No tenemos pedidos con relación a Amarilla, tenemos una línea de actuación en el término de provisión de declaraciones juradas que otros agentes fiscales utilizan como un camino, no se si acordado o no, pero para nosotros es cumplimiento de la ley”, remarcó.
Explicó que el ente contralor entrega las declaraciones juradas por orden judicial, es decir, la Fiscalía recurre a sus magistrados de garantías en la formulación de una causa penal, el juez formula la orden y la Contraloría remite la información. “Pero en el caso del senador Amarilla no hay una nota que nosotros hayamos identificado desde el Ministerio Público pidiendo esa información. Así que debe haber una inadvertencia involuntaria de la señora Sandra Quiñónez, porque de otra manera no se puede explicar esto”, puntualizó.
Según García, si la Fiscalía no pide, la Contraloría no puede enviar a ningún lado el documento. “Si se trata de declaraciones juradas vamos a decir lo que siempre decimos, siempre que haya un mandato judicial remitimos esa información”, reiteró.
Desde la fiscalía, sin embargo, aseguran que remitieron el pedido. No obstante, la fiscal general pidió informes a la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, y a la antecesora Alba Cantero sobre las actuaciones en la causa.
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