A más de un año de iniciarse la investigación por enriquecimiento ilícito a un grupo de aduaneros, la Contraloría continúa jodiendo con pedidos de informes y no remitió un sólo estudio patrimonial de los mismos a la Fiscalía.
Una semana después de que ABC Color publicara que la Fiscalía de Delitos Económicos y la Contraloría de la República cajonearon la investigación por enriquecimiento ilícito a un grupo de aduaneros, el ente contralor apuró pedidos de informes a la Dirección de Aduanas.
Hace un año que 10 de los 30 aduaneros sospechosos de enriquecimiento ilícito se ríen de la justicia y de la ciudadanía. La investigación penal nunca avanzó, y tanto la Fiscalía como la Contraloría no terminaron de "recabar los informes sobre sus bienes" en todo este tiempo.
Al conocerse que ambas instituciones congelaron los casos, que ni siquiera llamaron a declarar a los afectados, la Contraloría reactivó los pedidos de informes. Por su parte la Fiscalía, se llama a silencio. Cuando le consultamos a la responsable de comunicaciones del Ministerio Público, esta dijo que están pidiendo las diligencias realizadas a los agentes responsables Claudia Morys y Hernán Galeano. Sin embargo no proveyeron ninguna información.
Entre los investigados están el joven millonario Luis Roberto Pintos, que en tres años de asumir la jefatura de riesgos en Aduanas, amasó G. 4.600 millones. Mientras pasa desapercibido para la justicia, el muchacho estrenó otra camioneta de US$ 50 mil el año pasado.
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