La Contraloría General de la República (CGP) se niega a dar a conocer declaraciones juradas de bienes (DDJJ) presentadas por las máximas autoridades gubernamentales, como la del presidente, vicepresidente, ministros, secretarios con rango de ministros, legisladores, ministros de Corte, gobernadores, intendentes, integrantes de Juntas, directores de Itaipú y Yacyretá, entre otros, entre 1998 y 2017.
El pedido fue hecho por el ciudadano Juan Lezcano, apoyado por el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública (GIAI).
En el pedido se alega que se trata de información personal de carácter patrimonial que consta en fuente pública de información y que (al igual que los salarios) es por lo tanto pública. “Las DDJJ son información de carácter patrimonial (art. 5, Ley 1682/01) que ha sido obtenida por una fuente pública de información y no contienen información sensible, según los artículos 2 y 22 de la Ley 5282 de la Ley de Acceso a la Información (...)”, dice el texto de los solicitantes.
Agrega que Ley 5282/14 es posterior a la ley orgánica de la Contraloría y la reglamentación de las declaraciones. Refieren que una interpretación restrictiva acabó con la Ley 5282/14, por la cual se reglamentó el acceso a toda información que no esté expresamente reservada.
La Contraloría sostiene que solo con orden judicial pueden dar a conocer esa información.
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