Este año la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público 13 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio de instituciones del Estado, por un monto de G. 4.399.850.469, para ser investigados y determinar la comisión de hechos ilícitos.
Sin embargo, en el órgano superior de control desconocen que el Ministerio Público haya impulsado alguna investigación sobre los distintos casos de indicio de hecho punible detectado en auditorías y exámenes especiales.
Entre las instituciones afectadas por el informe del órgano contralor, está la Municipalidad de J. E. O’Leary en dos casos: G. 1.780.000, por diferencias entre el valor contractual y el valor real de construcción de empedrado en la calle Acosta Ñu; G. 6.300.000, diferencias entre el valor contractual pagado y el valor de rubros ejecutados en la construcción del polideportivo municipal.
La Municipalidad de José Leandro Oviedo aparece con tres casos: G. 8.787.500, diferencia entre costo real de una póliza de seguro y lo pagado por la Municipalidad; G. 104.500.000, pago por prestación de consultoría por monto superior al efectivamente comercializado en el mercado; y 155.000.000 de guaraníes se pagaron por un sistema integrado de administración municipal, un monto superior al efectivamente comercializado en el mercado.
La comuna de Yatytay aparece con dos casos: G. 35.932.765, por pagos de más por construcción de casillas para feriantes; G. 82.242.983, cheques girados y cobrados sin que se pudiera verificar el destino de esos recursos, año 2013 y 2014.
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