El contralor general de la República, Enrique García, aseguró ayer que no pueden dictaminar respecto al pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este porque el Tribunal de Cuentas niega el acceso a la documentación respaldatoria del ejercicio fiscal 2017.
Según explicó García, solicitaron al fiscal de Cuentas acceder a los documentos incluso dentro de dicha dependencia, pero recibieron una respuesta negativa. “Señala que no es posible ni está autorizada la intervención por parte de la Contraloría y el marco del proceso de juzgamiento, porque se trata de un proceso jurisdiccional, bilateral; la Contraloría no es parte… Cuestiones que señalan cuál es la posición el Tribunal de Cuentas”, dijo el contralor.
Por ese motivo, explicó que no pueden emitir el dictamen sobre “una ejecución presupuestaria deficiente, delictual o patrimonialmente dañosa”. Adelantó que tienen un “calendario de conversaciones institucionales” con la Suprema Corte de Justicia, para encontrar una solución a lo que calificó de “supresión de prerrogativas constitucionales de la Contraloría General”, que es el organismo encargado de auditar entes públicos.
La misma situación se da en otras 156 entidades, que por medio de acciones de inconstitucionalidad, “retacean” información a la Contraloría.
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