A tres años de la vigencia de la Ley 5033/13, que reglamenta el artículo constitucional 104 sobre declaración jurada de bienes de funcionarios, no se conoce que la Contraloría General de la República haya detectado y denunciado ante el Ministerio Público indicios de enriquecimiento indebido. Sin embargo, a diario saltan nuevos casos de empleados estatales que del día a la noche se volvieron multimillonarios.
A través de medios de comunicación se conocen denuncias y casos de funcionarios, de la administración central o elegidos por la voluntad popular, que tras su ingreso a la función pública o al ser promovidos a determinados cargos cambiaron sustancialmente su nivel de vida e incluso hacen una grosera ostentación. Entre los sospechados e investigados por presuntos hechos ilícitos en la función pública se mencionan, entre otros, a los legisladores Víctor Bogado, José María Ibáñez, Enzo Cardozo; expresidentes, ministros, miembros de la fuerza pública, etc.
Los hechos de corrupción en los que están vinculados y sospechados funcionarios son numerosos en nuestro país, pero la venalidad de órganos de control permite que los mismos disfruten de la impunidad reinante.
Ni los anteriores contralores, Óscar Rubén Velázquez y Roy Rodgers Canás, ni el actual, José Enrique García, han detectado enriquecimiento indebido de funcionarios. Si lo detectaron lo mantienen oculto.
Según la Ley 5033/13, en el punto 8 del artículo 4, De los deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República en relación a declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, debe “denunciar ante el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales competentes, cuando los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas revelen indicios de irregularidades o enriquecimiento indebido, a los efectos de que los mismos inicien los procesos que correspondan”.
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