Para el ex ministro de Hacienda, es clara la normativa que establece que los fondos de las instituciones públicas deben estar depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF) y no en bancos privados. A su criterio, en relación al caso que involucra a la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, quien autorizó la transferencia de recursos de la institución a bancos privados, deben tomar intervención la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
Según Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, desde el año 2016, luego de un largo debate que había empezado la bancada de Unace en el Congreso, se insistió en llevar los recursos públicos al BNF y en 2016, esta obligación ya entró en la Ley de Presupuesto. “Todas las instituciones tenían recursos en varias entidades privadas. Se hizo un proceso gradual y se centralizó en el BNF, excepto los depósitos del IPS, que es el principal inversor del sistema financiero y sería riesgoso que tenga que en un solo banco todos sus depósitos”, comentó Peña.
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