El contralor general advirtió que las modificaciones al Código de Organización Judicial podrían debilitar el rol constitucional de la Contraloría y transferir atribuciones al Poder Judicial.
La Contraloría General de la República manifestó su rechazo a las modificaciones introducidas en el Senado al proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley N.º 879/1981 “Código de Organización Judicial”, reformado previamente por la Ley N.º 2248/2003. La propuesta será analizada próximamente en la Cámara de Diputados.
Según el contralor general, Camilo Benítez, la iniciativa legislativa establece un esquema que permite eludir el control de la Contraloría a través del Tribunal de Cuentas, lo cual —a su criterio— representaría un retroceso institucional y un conflicto con lo establecido en la Constitución Nacional de 1992.
“Si se aprueban estas modificaciones, estaríamos normalizando un ‘puenteo’ a la Contraloría General de la República con consecuencias devastadoras”, afirmó. El funcionario sostuvo que el proyecto otorgaría al Poder Judicial facultades que actualmente no posee en materia de control y fiscalización de recursos públicos.
Benítez también señaló que el cambio legal propuesto implicaría restar competencias tanto a la Contraloría como al Congreso Nacional, órganos a los que la Constitución les asigna funciones de fiscalización.
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