La fiscala María José Pérez solicitó en cuatro oportunidades al contralor general, Enrique García, la designación de un auditor en el uso del dinero del Fonacide por parte del intendente de San Antonio, Raúl Mendoza (PLRA), pero el pedido fue denegado con el argumento de que la Contraloría General “no es auxiliar” del Ministerio Público.
El intendente Raúl Isaac Mendoza está imputado por el presunto desvío de G. 3.600 millones provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y la agente fiscal logró una prórroga de un mes para presentar su requerimiento conclusivo ante la falta de respuesta de la Contraloría.
Pérez dijo que tuvo que solicitar más tiempo porque aún aguarda el dictamen de auditoría de la Contraloría.
Sin embargo, el propio contralor general Enrique García le contestó el 15 de febrero último que el ente que dirige es “un órgano con autonomía funcional y administrativa, y no un órgano auxiliar”.
En ese sentido, indicó que el Código Procesal Penal determina que “la competencia en lo relativo a la promoción de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público, con relación a los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, y en este caso particular existe una investigación impulsada por ese organismo fiscal”.
Leer la nota completa en Diario ABC
