Somos exageradamente pasivos o no nos damos cuenta de la extrema gravedad de haberse elegido a un funcionario, cuya identidad debe inclinarse más hacia la probidad que a la idoneidad, que accede al cargo ya con dos serios cuestionamientos (sobrefacturación y negligencia) y en el mismo día que jura y asume se descubre que probablemente haya falsificado documento o cuando menos aceptado una falsificación como algo auténtico.
La Constitución es hasta si se quiere demasiado rigurosa con los deberes y atribuciones del contralor. Uno de los artículos se refiere a la obligación de denunciar a la justicia ordinaria y al Poder Ejecutivo “todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones específicas, siendo solidariamente responsable por omisión o deviación, con los órganos sometidos a su control, cuando estos actuasen con deficiencia o negligencia”.
En virtud de este artículo constitucional, no entiendo realmente cómo hicieron los anteriores contralores (excepto Fretes Ventre) para evitar la cárcel porque si deben denunciar “todo delito del cual tenga conocimiento en razón de sus funciones...” y la Constitución les obliga a controlar, vigilar y fiscalizar a exactamente todo lo que sea público, no hay forma de escaparse.
La Constitución no dice que controle, vigile o fiscalice solamente a algunas instituciones o hasta donde pueda o lo permitan los recursos disponibles. Además, el contralor es solidariamente responsable por omisión o desviación, con los órganos sometidos a su control “cuando éstos actuasen con deficiencia o negligencia...”.
Desviación, según averigüé, quiere decir ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados por el ordenamiento jurídico.
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