El problema debe verse como el reflejo de una compleja interrelación de variables que van mucho más allá de los desajustes macroeconómicos de Argentina. Es una combinación de factores estructurales…
El problema debe verse como el reflejo de una compleja interrelación de variables que van mucho más allá de los desajustes macroeconómicos de Argentina. Es una combinación de factores estructurales, como corrupción en instancias públicas encargadas de controlar, deslegitimidad política por la indiferencia del Estado hacia su ciudadanía y desintegración social.
Pretender solucionarlo solo con las fuerzas públicas solamente amplificará las conductas ilegales, con más costos a la población y mayor sensación de fracaso y desafección política.
El contrabando requiere diversas estrategias para movilizar y “legalizar” las mercancías, entre las que se encuentran el traslado de pequeñas cantidades, la falsa declaración aduanera para cantidades considerables y la intervención de actores y agentes como la autoridad aduanera, la policía y los militares, los comerciantes y consumidores durante el traslado, distribución, comercialización y consumo.
La actuación del Estado contra el contrabando involucra múltiples funciones como la gestión de controles, la seguridad en las fronteras y la administración de Justicia. Pero más allá de estas, hay otras funciones sobre las que se fundamentan el sentido de pertenencia a una nación y la vigencia de una moral que compromete a la ciudadanía a conductas que lleven al bien común y a la cohesión social.
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