Los gremios de contadores sostienen que las retenciones en la fuente para el impuesto a la renta personal (IRP), que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) pretende implementar desde julio, tiene un carácter confiscatorio y, por ende, es inconstitucional. Dicen que es incompatible con el diseño del impuesto, que tiene amplios niveles de deducción.
El Colegio de Contadores del Paraguay, el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay y la Asociación de Graduados de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Católica presentarán al Gobierno en forma conjunta el próximo lunes una nota en la cual se realiza un análisis sobre los puntos cuestionados del Decreto 6560/16 que modifica la reglamentación del IRP. También piden la derogación de dicho decreto.
La nota será presentada al presidente de la República, Horacio Cartes; al ministro de Hacienda, Santiago Peña; a la viceministra de Tributación, Marta González Ayala; y también a la Comisión Permanente del Congreso.
Uno de los argumentos para solicitar la derogación se refiere al artículo 2º del citado decreto, que establece la figura de las retenciones en la fuente para el IRP y designa como agentes de retención a las empresas, con el objetivo de retener un porcentaje sobre los salarios, honorarios profesionales, los dividendos y utilidades.
Los profesionales explican que con este artículo se presentan dos situaciones que serían violatorias de la Constitución Nacional. En ese contexto, indica que el IRP fue creado con un amplio nivel de deducción y con un diseño impositivo con carácter finalista formalizador, antes que fiscalista recaudador y que, por esta razón, se permiten amplios niveles de deducción de gastos e inversiones.
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