La vigencia de cambios en la normativa del impuesto a la renta personal (IRP) sobre el cierre del 2016 ha generado todo tipo de reacciones por parte de profesionales contables, tributaristas y ni qué decir de los contribuyentes que ahora deben cargar finalmente con los efectos de las modificaciones que apuntan a una mayor recaudación, como pretende el fisco en este 2017.
El Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) lamenta que este tipo de disposiciones tan relevantes se den a último momento, ocasionando todo tipo de dificultades para los profesionales. Mencionan también que la nueva reglamentación es notoriamente inconstitucional, y como ejemplo mencionan que la normativa (Resolución 6560) se emitió recién el 23 de diciembre y modifica una reglamentación anterior vigente desde el 1 de enero de 2016, lo que atenta contra el Art. 14 de la Constitución “De la irretroactividad de la Ley”, y altera derechos adquiridos consolidados en el patrimonio del...
Por otra parte, critican que la administración tributaria se atribuya potestad legislativa, ya que por decreto se constituyen nuevas obligaciones para el contribuyente, se establecen cargas públicas (los gastos que realicen en el exterior deben ser “legalizados y apostillados”); el principio de causalidad en la determinación de la renta de las personas físicas no está prevista en la ley; y sin embargo el decreto condiciona la deducibilidad a la relación de los egresos con los ingresos gravados. Alega que estas cosas se contraponen a lo establecido en el Art. 44 de la Carta Magna: “Nadie...
Sostienen, además, que hay una abierta violación de la capacidad contributiva. Esto considerando que el criterio de imputación de las rentas y los gastos es limitado al solo efecto recaudatorio, el concepto que utiliza de “inversiones” es totalmente ajeno al lenguaje doctrinario económico”, sostiene la nota firmada por el titular del CCP, Lic Atilio Gayoso, y la Lic. Alba Talavera, presidenta del Consejo Profesional.
Finalmente, el gremio de profesionales solicita que el Ministerio de Hacienda rectifique cuanto antes los errores cometidos en el decreto y que se abra un diálogo permanente a fin de tratar este tipo de medidas.
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