El Consejo de la Magistratura encomendó a sus representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –Adrián Salas y Enrique Riera– impulsar el enjuiciamiento de los camaristas Castiglioni, Paredes y Núñez, quienes otorgaron la medida de urgencia para que la ministra Gladys Bareiro de Módica siguiera en la Corte, pese al fenecimiento de su mandato.
El vicepresidente en ejercicio de la presidencia del CM, Éber Ovelar, sostuvo que la decisión se tomó debido a que existen indicios sumamente graves que ameritan una profunda investigación del caso. Señaló que resulta desde todo punto de vista aberrante la “medida cautelar abierta”, dispuesta por los camaristas que integraron la Sala Constitucional de la Corte.
Los magistrados no se limitaron a suspender los efectos del Art. 19 de la Ley 609/95 que organiza la Corte, además ordenaron la suspensión de “cualquier disposición normativa, reglamento o de cualquier otro tipo que afecte sus derechos, con relación a la presente acción (sic)”.
“Esto es absolutamente insostenible, pues el artículo 552 del Código Procesal Civil exige imperativamente que el actor de una acción de inconstitucionalidad tiene la obligación expresa de mencionar “claramente la ley, decreto, reglamento o acto normativo de autoridad impugnado, o, en su caso, la disposición inconstitucional” (sic). Sin embargo, en este caso particular, el tribunal violentó groseramente el principio de especificidad estatuido por la norma y urdió una fórmula “genérica” a la que únicamente faltó mencionar una orden de clausura del Consejo de la Magistratura y el lacrado de su...
“Pero la irregularidad más grave consiste en la forma absolutamente anómala en que se conformó el tribunal para este caso, pues luego de producirse la inhibición en cascada de los integrantes de la corte, se debió integrar la sala constitucional con los camaristas del fuero civil y luego pasar a otro, y así sucesivamente hasta lograr la integración total”, dijo.
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