El art. 7° de la Ley de Administración Financiera del Estado dispone que en la del Presupuesto General de la Nación “no se incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen otras leyes de carácter permanente”. Empero, el Senado aprobó una norma del proyecto de ley presupuestaria que excluye al Legislativo y al Judicial de la observancia de cláusulas de la Ley de la Función Pública relativas a nombramientos, contrataciones y promociones de cargos, entre otras cosas. Así, dichos Poderes podrían efectuar nombramientos sin previo concurso público de oposición y contratar a personas físicas sin que exista necesidad.
Congreso y Poder Judicial, con via libre para asaltar el Presupuesto
El art. 7° de la Ley de Administración Financiera del Estado dispone que en la del Presupuesto General de la Nación “no se incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen otras leyes de carácter permanente”. Empero, el Senado aprobó una norma del proyecto de ley presupuestaria, no prevista por el Poder Ejecutivo, que excluye al Legislativo y al Judicial, así como a los organismos auxiliares de Justicia, de la observancia de cláusulas de la Ley de la Función Pública relativas a nombramientos, contrataciones y...
Por tanto, dichos Poderes podrían efectuar nombramientos sin previo concurso público de oposición y contratar a personas físicas sin que existan necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad. En otras palabras, ciertas autoridades podrían nombrar o contratar a un hermano analfabeto para hacer de todo y en cualquier circunstancia, con lo que también se violaría el art. 47 de la Constitución, que garantiza la igualdad para acceder a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. A propósito de la igualdad: en teoría, quienes deseen ingresar en la...
Por lo demás, los apresurados senadores no advirtieron que la Ley de Racionalización del Gasto Público solo complementa la que prohíbe el nepotismo en la función pública, la que, en consecuencia, sigue vigente. Por ende, quienes se consideran verdaderos “padres de la patria” seguirían impedidos de ubicar a sus familiares cercanos salvo que se sometan a un concurso público de oposición.
Leer la nota completa en Diario ABC